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El Consejo de Ministros ha adoptado nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda, la "principal preocupación" del Ejecutivo, según ha señalado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
 
El objetivo -ha añadido- es ampliar el parque público de vivienda asequible y permanente ante una crisis que sufre todo el entorno europeo, pero que en España se agrava por la ausencia de un parque de esas características. Rodríguez ha apuntado que en los últimos años el porcentaje del parque público de vivienda ha pasado del 2,5% al 3,4%, aún lejos del 9% que es la media europea. Para aumentar y blindar ese parque, el Gobierno ha creado instrumentos como la Ley de Vivienda y la Empresa Pública de Vivienda y Suelo, que va a garantizar que todos los recursos del Estado que puedan convertirse en un hogar tengan esa finalidad y no otra.
 
La ministra ha agregado que, mientras se desarrollan las promociones que resuelvan "esta emergencia habitacional", son necesarias medidas extraordinarias para disponer en el menor tiempo posible de esas viviendas. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros ha aprobado transmitir los activos de la SAREB, la sociedad que se creó en 2012 para gestionar los activos problemáticos de entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria, a la entidad pública empresarial SEPES, en vías de convertirse en la Empresa Estatal de Vivienda y Suelo de la Administración General del Estado.
 
Vivienda y Agenda Urbana ha evaluado todos los suelos e inmuebles propiedad de la SAREB para determinar cuáles podían ponerse a disposición de los ciudadanos lo antes posible. En total, son unas 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos donde podrían construirse otras 55.000. El valor estimado de la operación es de 5.900 millones de euros.
 
Los criterios empleados han sido, en primer lugar, geográficos: aquellos lugares donde más se precisa vivienda en alquiler y a precios asequibles; también se han priorizado las zonas declaradas tensionadas y las afectadas por la DANA. Se ha tenido en cuenta, igualmente, la dimensión de las viviendas y las condiciones técnicas y de habitabilidad en que se encuentran los inmuebles.
 

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