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La Sala de lo Civil ha anulado el desahucio por falta de pago de rentas de una mujer que vive de alquiler en un piso de Madrid que devolvió el recibo de una mensualidad a la empresa arrendadora de la vivienda por incluir en la misma un gasto de agua 20 veces superior a la cuantía que pagaba habitualmente por ese concepto. El tribunal considera acreditado que la inquilina tenía intención de pagar y que solicitó sin éxito a la propietaria que le facilitara una cuenta para ingresar el dinero.
 
El Tribunal Supremo da la razón a la arrendataria y concluye que “no puede considerar en las circunstancias concurrentes, que hubiera habido un impago de la renta con entidad resolutoria del contrato”. Señala que, incluso, con la contestación de la demanda, se consignó el importe del recibo del agua mediante una transferencia a la cuenta del juzgado de 924 euros, correspondientes a los importes pendientes para alcanzar la totalidad de lo debido (4144 € pendiente de ulterior liquidación)”.
 
Añade que “si las partes habían convenido que constituía prestación de la arrendataria abonar los consumos de agua, y si el vínculo convencional con la empresa suministradora de tales servicios los mantenía exclusivamente la arrendadora, por haberse convenido así por las partes, conforma una exigencia derivada de los principios y deberes éticos que impone el art. 1258 del CC, que la arrendadora se interesase por averiguar las razones del importe de tan desproporcionado recibo, y diera de esta forma a la demandada la explicación obtenida al respecto, con las correcciones que, en su caso, hubiera lugar, pero no limitarse a imponer su pago, amparándose en la literalidad de lo pactado, sin prestarle la colaboración requerida para determinar las razones de tan excepcional cuantía”.
 

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