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Pedro Sánchez anunció ayer una batería de 12 nuevas medidas "contundentes y muchas de ellas sin precedentes", con tres objetivos prioritarios para fortalecer el derecho a una vivienda asequible: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Durante su intervención en el acto de clausura del foro 'Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar', en el Museo del Ferrocarril, en Madrid, Pedro Sánchez ha reiterado el compromiso del Gobierno de solucionar el problema de la vivienda con más recursos y nuevas regulaciones, junto a la acción conjunta de todos los sectores concernidos que operan en la construcción de viviendas.
 
Como novedad, ha anunciado que el Gobierno de España creará un nuevo proyecto estratégico, el PERTE de Viviendas, destinado a impulsar la innovación y modernización del sector de la construcción industrializada y modular, para que en España pueda construir casas en menos tiempo y con menos costes. Este nuevo PERTE de Viviendas tendrá su localización en la provincia de Valencia, donde "podrá contribuir a la reconstrucción del tejido económico afectado por la DANA y generar un valor añadido a toda España".
 
Otro de los puntos en los que ha incidido Sánchez es la necesidad de movilizar la vivienda ya existente con tres nuevas medidas, que pasan por la creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible. Este sistema ya se ha probado con éxito en Francia y en España comenzará este 2025 con los propietarios que alquilen a personas menores de 35 años.
 
También se va a lanzar un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler a precio asequible. Se otorgarán ayudas a aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos 5 años. Por último, el Gobierno va a proponer al Congreso de los Diputados la aprobación de una exención del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que se encuentren en zonas tensionadas.
 
El Ejecutivo llevará al Parlamento una reforma fiscal para que los pisos turísticos "tributen como lo que son: un negocio", impulsando en el marco de la nueva directiva europea sobre el IVA la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare al de otras actividades económicas. Igualmente, se va a cambiar el régimen de ventajas fiscales que tienen las denominadas socimis para que solo apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible y, tras un minucioso estudio, se va a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. En concreto, se incrementará la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble, en línea con países como Dinamarca o Canadá. Además, ha informado de que se va a endurecer la regulación que persiga el fraude en los alquileres de temporada y se va a crear un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales pueden reforzar las inspecciones.
 

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