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Las medidas intervencionistas que se han introducido en estos dos últimos años están dificultando el mercado inmobiliario por la restricción producida en la oferta y cerrando vías para acceder a la vivienda. El cargo de los gastos de gestión del alquiler a los propietarios, la introducción de los Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos (MASC) y la modificación de la Orden ECO de Tasaciones son destacados ejemplos que contribuyen a este escenario.

Así fue destacado por los expertos durante la celebración del II Congreso de Derecho Inmobiliario, organizado por COAPIMADRID – AIM y AMADEI, en el Auditorio de Banco Sabadell, y celebrado la semana pasada en Madrid, que contó con la exposición de expertos y juristas especializados en el sector inmobiliario. Durante la celebración del congreso fue presentada la Federación de Empresas de Intermediación Inmobiliaria (FEIN), integrada por COAPIMADRID – AIM y AMADEI, a cargo de José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, quien apreció que “los agentes inmobiliarios tienen un papel decisivo para conseguir una sociedad mejor, ofreciendo seguridad jurídica en las operaciones”. Por su parte, Jaime Cabrero García, Presidente de COAPIMADRID – AIM, apuntó que “esta federación era necesaria para apostar por el dinamismo de los profesionales inmobiliarios en una región tan libre como Madrid”.

Los ponentes coincidieron en que las medidas legislativas de carácter intervencionista que se han introducido en los dos últimos años y que han acentuado las dificultades para dinamizar el mercado de la vivienda, especialmente en el alquiler, han provocado la restricción de la oferta, el aumento de precios y la dificultad de acceso a la vivienda.

Según explicó José Merino, Asesor Jurídico de COAPIMADRID – AIM, “el legislador no regula la actividad de intermediación inmobiliaria pero sí interviene la prestación de honorarios”, en relación con el cargo al arrendador de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato del alquiler de vivienda habitual introducido en la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. Esta medida, destacó, “ha provocado una subida de las rentas y la restricción de la oferta de alquiler”, por lo que, en realidad, ha perjudicado a los inquilinos.

Respecto a los MASC introducidos en la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Jesús Martínez Caja, Secretario General y Asesor Jurídico de AMADEI, apuntó que “en vez de agilizar los procedimientos judiciales, los está ralentizando porque al exigir al demandante el ofrecimiento previo de negociación supone añadir más tiempo en la duración de los procesos”.

La reciente reforma de la Orden ECO 599/2025 de tasaciones, que se utiliza para la concesión de hipotecas, ha añadido más exigencias técnicas a los informes de tasación, según resaltaron Francisco Sánchez Ramos de Castro, API y arquitecto, y David Paramio, de TINSA.

 

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