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El Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo. Este sistema es un servicio público que permite a las personas consumidoras y usuarias resolver conflictos con las empresas sin necesidad de acudir a los tribunales, pero con resoluciones que tienen carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes.

Este real decreto tiene por objeto actualizar el sistema para que pueda resolverse el proceso íntegramente de forma digital y hacerlo así más ágil y accesible a todas las personas consumidoras y usuarias, al tiempo que estos cambios garantizan la seguridad del procedimiento. Dentro de este sistema, las partes se encomiendan voluntariamente a un órgano arbitral que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad. Después, la decisión tomada por el órgano arbitral es obligatoria para todas las partes, ya que estas han aceptado previa y voluntariamente este procedimiento. Y esta decisión tiene la misma eficacia que una sentencia, con lo que se moderniza el sistema y se ahorra tiempo y recursos, tanto a las partes implicadas como a la propia Administración, ya que se introducen herramientas digitales para que los procedimientos sean más rápidos y eficaces. Las solicitudes se podrán realizar de manera online a través de Internet, y las notificaciones podrán recibirse también online y las audiencias podrán hacerse a distancia mediante videoconferencia.

El objetivo es que la ciudadanía pueda acceder de manera fácil y sencilla a sus derechos en el ámbito del consumo sin depender de cuál sea el nivel adquisitivo o la posición social de la persona que quiera reclamar. Con este sistema, se pueden solventar todas las reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias salvo en algunos supuestos excepcionales que sí requieren un proceso judicial: cuando el conflicto se produce a raíz de un caso de intoxicación, lesión o muerte, o si existen indicios racionales de delito.
 

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